Santa Ana es la única ciudad del Condado de Orange con su propia corte de inmigración, donde se ven casos de deportación (remoción, en la ley actual). Un abogado de inmigración del despacho de David S. Chesley atiende el caso de inmigración y el cargo penal que a menudo lo acompaña.
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Esta página también existe en inglés: Immigration Lawyer in Santa Ana, CA.
¿Qué hace distinto a un caso de inmigración que pasa por Santa Ana?
Santa Ana no solo tiene su corte penal: dentro de la misma ciudad están la única corte de inmigración del condado y una oficina de abogados de ICE.
Tabla: tres oficinas federales, tres funciones, todas dentro de Santa Ana.
| Oficina | Dirección en Santa Ana | Qué hace |
|---|---|---|
| Corte de inmigración (EOIR) | 1241 E. Dyer Road, Suite 200, Santa Ana, CA 92705, (714) 481-4900 | Decide los casos de remoción; atiende al público de 8 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes |
| ICE, Office of the Principal Legal Advisor (OPLA) | 1251 E. Dyer Road, Suite 200, Santa Ana, CA 92705 | Abogados de ICE en los casos de la corte de inmigración; las citas para reportarse (check-in) se buscan en la página de Check-in de ICE |
| USCIS | Oficina local de Santa Ana, 34 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701 | Entrevistas y otros servicios, solo con cita |
La corte de inmigración del Condado de Orange, que depende de la Office of the Chief Immigration Judge del Departamento de Justicia, está dentro de la ciudad. La oficina local de USCIS que, según el propio USCIS, atiende a quienes viven en Santa Ana está en 34 Civic Center Plaza. Si el caso ya se presentó, el sistema ACIS de EOIR muestra, según su propia página, información básica sobre el estado de ciertos casos a quien ingresa su número A (A-Number) y su nacionalidad, aunque advierte que no todos los casos ni toda la información de un caso aparecen ahí.
El lado penal de un caso de Santa Ana se ve aparte, en el Central Justice Center, en 700 Civic Center Drive West, Santa Ana, CA 92701, teléfono (657) 622-6878, una de las cuatro cortes penales del Condado de Orange. Cerca de ahí están también la sede principal de la fiscalía de distrito del condado (300 North Flower Street) y la oficina principal del defensor público (801 Civic Center Drive West, Suite 400). Dos páginas del despacho explican a fondo ese lado penal: defensa penal en Santa Ana y DUI en Santa Ana (manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas), ambas en inglés.
¿Puede la policía de Santa Ana entregar a alguien a ICE después de un arresto?
No solo porque ICE lo pida. La ley de California limita lo que una agencia local puede hacer, aunque una condena anterior por ciertos delitos graves cambia esa respuesta.
El Government Code 7284.6(a)(1)(B) dice que una agencia policial de California no puede detener a una persona únicamente porque ICE presentó una solicitud de retención ("hold request"). Para entregar a una persona a inmigración se necesita una orden judicial, una determinación judicial de causa probable, o uno de los casos que enumera el Government Code 7282.5, conforme a la sección 7284.6(a)(4); entre ellos, una condena previa por un delito grave o violento, o por un delito mayor que se castiga con prisión estatal. La Ley Laken Riley, promulgada el 29 de enero de 2025, agregó una categoría distinta bajo 8 U.S.C. 1226(c)(1)(E): quien ya es inadmisible por ciertos motivos federales y además es acusado o arrestado por robo, hurto, robo con allanamiento (burglary), robo en tiendas, agresión a un agente del orden, o un delito que cause la muerte o una lesión grave, queda sujeto a la detención obligatoria de ICE; eso no depende de la policía de Santa Ana ni de ninguna agencia local, sino de la ley federal directamente.
Otras partes del 8 U.S.C. 1226(c) imponen la misma detención obligatoria por ciertos delitos. Fuera de esos casos, que una persona detenida por inmigración pueda pedir una audiencia de fianza depende hoy de cómo entró al país y de dónde la arrestaron, y la respuesta todavía está en disputa. La Junta de Apelaciones de Inmigración sostuvo en Matter of Yajure Hurtado, 29 I&N Dec. 216 (BIA 2025), que un juez de inmigración no tiene autoridad para otorgar fianza a quien está en el país sin haber sido admitido. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que cubre California, decidió lo contrario para quien entró sin admisión pero fue arrestado dentro del país, no en la frontera: en Rodriguez Vazquez v. Bostock (9th Cir., 30 de julio de 2026), a esa persona se le aplica el 8 U.S.C. 1226(a), que sí permite pedir una audiencia de fianza. El 1 de octubre de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó resolver esta misma pregunta, en un caso distinto, Rhoney v. Barbosa da Cunha, No. 26-104; mientras no se decida, la respuesta puede cambiar, y esta página no promete ningún resultado.
¿Qué tres consecuencias puede tener una condena penal según la ley de inmigración?
Una condena de Santa Ana puede impedir un trámite nuevo, abrir paso a la remoción o cerrar el camino a un alivio migratorio; cada efecto responde a otra pregunta.
Tabla: tres efectos migratorios que puede tener una misma condena, cada uno con su propia ley.
| Resultado | A qué o a quién afecta | Ley | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| Inadmisible | Una visa nueva, una tarjeta verde o volver a entrar al país | 8 U.S.C. 1182(a)(2) | Un delito de vileza moral, por condena o porque la persona lo admitió; una infracción de una ley de drogas (sustancias controladas) |
| Deportable | Alguien que ya fue admitido en los Estados Unidos | 8 U.S.C. 1227(a)(2) | Un delito de vileza moral cometido en los 5 años siguientes a la admisión, con posible sentencia de un año o más; dos delitos de vileza moral después de la admisión que no formen parte de un solo plan; cualquier delito grave agravado |
| Impedido de recibir alivio | La cancelación de la remoción deja de estar disponible | 8 U.S.C. 1229b | Residentes permanentes: un delito grave agravado. Otros: una condena bajo 1182(a)(2), 1227(a)(2) o 1227(a)(3) |
La inadmisibilidad, bajo 8 U.S.C. 1182(a)(2)(A), puede bloquear una solicitud nueva con un solo delito de vileza moral o una infracción de una ley de drogas; la ley tiene una excepción limitada para un solo delito de vileza moral cuando la persona tenía menos de 18 años al cometerlo y ya pasaron más de cinco años desde su liberación, o cuando la sentencia máxima posible era de un año o menos y, de haber condena, la pena impuesta no fue mayor a seis meses, sin importar cuánto tiempo haya cumplido en realidad. La deportabilidad, bajo 8 U.S.C. 1227(a)(2)(A), alcanza a alguien ya admitido con un solo delito de vileza moral cometido en los cinco años siguientes a su admisión si la sentencia posible era de un año o más, con dos o más delitos de vileza moral cometidos después de la admisión que no formen parte de un solo plan, o con cualquier delito grave agravado.
California define el delito menor con un máximo de 364 días de cárcel (Penal Code 18.5), lo que mantiene un delito menor fuera de la lista federal de delitos graves agravados ("aggravated felony", en inglés; 8 U.S.C. 1101(a)(43)) en las partes de esa lista que exigen una sentencia de al menos un año; esa protección no alcanza a un "wobbler" (un cargo que puede quedar como delito mayor o como delito menor) cuando se sentencia como delito mayor. Hasta la palabra "conviction" (condena) tiene su propia definición federal: la sección 8 U.S.C. 1101(a)(48)(A) trata por igual un fallo formal de culpabilidad y una declaración de culpabilidad o sin disputa acompañada de cualquier castigo, y una sentencia suspendida sigue contando por su duración original completa.
¿Quién debe avisar sobre el riesgo migratorio antes de una declaración de culpabilidad?
Antes de una declaración de culpabilidad, el riesgo migratorio pasa por tres manos: el abogado defensor, la fiscalía y, por último, el juez, que lo advierte en voz alta.
El Penal Code 1016.2 incorpora a la ley de California la regla de Padilla v. Kentucky (2010), el caso donde la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que un abogado debe decirle a su cliente si una declaración trae riesgo de deportación. El Penal Code 1016.3 suma una obligación en cada lado del caso: la defensa debe dar un consejo preciso sobre esas consecuencias, sin esperar a que se lo pidan, y la fiscalía debe tomar en cuenta evitar un resultado migratorio adverso como un factor real al negociar, no como algo que puede o no hacer.
El último paso es del propio juez. Desde el 1 de enero de 2026, el Penal Code 1016.5(a) obliga a leer en voz alta, sin cambiar una palabra, que una condena por el cargo presentado puede traer como consecuencia la deportación, la exclusión de la admisión a los Estados Unidos o la denegación de la naturalización, para cualquier cargo que la ley estatal castigue como delito, salvo las infracciones. Si no queda constancia de esa advertencia, la ley da por hecho que no se dio, lo que puede abrir la puerta a pedir que se anule la declaración cuando la condena puede traer consecuencias migratorias; y nadie tiene que revelar su estatus de inmigración al juez para recibir esta advertencia.
¿Se puede reabrir un caso antiguo de Santa Ana por motivos de inmigración?
Sí, aun años después de que el caso penal se haya cerrado, cuando la condena antigua empieza a pesar sobre una solicitud migratoria nueva.
El Penal Code 1473.7 le abre esa puerta a alguien que ya salió de custodia penal, cuando puede demostrar que un error perjudicial afectó su capacidad de entender las consecuencias migratorias de su declaración de ese entonces, defenderse de ellas o aceptarlas con pleno conocimiento; haber recibido un mal consejo legal en su momento es una forma de demostrar ese error, aunque no la única posible. La moción debe presentarse con diligencia razonable después del último de dos avisos: un aviso de que la condena se está usando como base para buscar la remoción o para negar un beneficio o la naturalización, o el aviso de una orden de remoción firme.
Lo que no basta por sí solo: un certificado de rehabilitación o un antecedente penal sellado bajo la ley estatal. La propia Junta de Apelaciones de Inmigración lo dejó claro en Matter of Pickering, 23 I&N Dec. 621 (BIA 2003): una condena anulada solo por rehabilitación sigue existiendo para fines migratorios. Dos vías sí pueden cambiar ese resultado: el Penal Code 1016.5 y el 1473.7.
¿Qué otros servicios de inmigración ofrece el despacho?
Más allá de la defensa penal que acompaña a muchos de estos casos, el trabajo de inmigración del despacho va desde el asilo hasta la ciudadanía.
Quien busca evitar la remoción sin tener residencia permanente puede pedir la cancelación de la remoción, con una condición exigente: demostrar que la remoción traería una dificultad excepcional y extremadamente inusual a un cónyuge, un padre, una madre o un hijo o hija que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal (8 U.S.C. 1229b(b)(1)); quien sí es residente permanente enfrenta, en cambio, un requisito distinto: no haber sido condenado por un delito grave agravado. Un menor bajo ciertas condiciones ligadas a la corte de menores puede solicitar la clasificación de Joven Inmigrante Especial (SIJ) (8 U.S.C. 1101(a)(27)(J)), y la víctima de ciertos delitos ocurridos en los Estados Unidos, o que violaron sus leyes, puede pedir una visa U (página en inglés), que exige como parte obligatoria de la petición una certificación, firmada por la policía, un fiscal, un juez u otra autoridad que investigue el delito, de que esa persona cooperó, está cooperando o es probable que coopere con la investigación (8 U.S.C. 1184(p)(1)).
La ciudadanía tiene dos caminos: cinco años de residencia permanente por la vía general, o tres años si durante ese tiempo ha estado casado y viviendo con un cónyuge ciudadano (8 U.S.C. 1430(a)). El despacho responde preguntas sobre DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), un área donde las reglas cambian seguido por litigios federales todavía sin resolver, y también lleva la defensa penal en Santa Ana por DUI, drogas, robo, delitos violentos y delitos sexuales.
Costos y planes de pago
La primera conversación con el despacho sobre un caso de Santa Ana no cuesta nada, y el trabajo que sigue se puede pagar con un plan de pagos.
El despacho no exige el pago completo por adelantado; junto con la consulta gratuita, ofrece planes de pago que se acuerdan con cada cliente antes de empezar la representación.
¿Qué debo hacer primero si tengo un caso penal y de inmigración en Santa Ana?
Guarde todos los papeles del arresto o la citación, anote cualquier fecha de audiencia y hable con un abogado antes de firmar nada relacionado con su estatus de inmigración.
No conteste preguntas sobre su estatus de inmigración ni firme ningún documento de ICE o USCIS sin que un abogado lo revise primero, porque una decisión tomada sin asesoría en ese momento puede pesar más adelante tanto en la corte penal como en la corte de inmigración. Si ya tiene una fecha en el Central Justice Center o en la corte de inmigración de Dyer Road, lleve su notificación, que indica el lugar, la fecha y la hora; en el Central Justice Center, el departamento se confirma en el calendario publicado ese día.
Preguntas frecuentes
¿Tener la corte de inmigración y la oficina de ICE dentro de Santa Ana hace que mi caso avance más rápido?
No. Que las dos oficinas queden cerca una de otra no cambia los plazos que exige la ley federal para cada paso del caso; son los mismos sin importar qué tan cerca viva la persona de esas oficinas.
Tengo una cita para reportarme con ICE. ¿Puedo llevar a mi abogado?
Sí, y conviene hablar con uno antes de ir, porque esa cita puede cambiar el rumbo del caso penal y del migratorio a la vez; lo que diga en esa cita no se queda solo del lado de inmigración.
Mi cargo en el Central Justice Center es un delito menor. ¿Eso me protege de la deportación?
No necesariamente. La ley de inmigración no se guía por las categorías de delito mayor y menor que usa California; según el cargo, una sola condena por delito menor puede ser causa de deportación bajo 8 U.S.C. 1227(a)(2), igual que una por delito mayor.
La fiscalía de Santa Ana me retiró los cargos. ¿El arresto por sí solo puede afectar mi estatus migratorio?
Por lo general, no. La ley federal, en 8 U.S.C. 1101(a)(48)(A), exige un fallo, una declaración o una admisión para que algo cuente como condena, y un arresto por sí solo no llega a ese punto, aunque sí puede activar la detención obligatoria que agregó la Ley Laken Riley.
Me declaré culpable hace años en Santa Ana y nadie leyó la advertencia de inmigración. ¿Qué puedo hacer ahora?
Si no hay ninguna constancia de que se haya dado esa advertencia, la ley presume que nunca se dio, y eso abre la puerta a pedir la anulación según el Penal Code 1016.5(b). La excepción de 2026 del Penal Code 1016.5(e) cubre menos de lo que parece: solo limita el caso de una advertencia dada pero no palabra por palabra, nunca el caso de una advertencia que nunca se dio.
Estoy a punto de pedir la ciudadanía. ¿Mi caso penal antiguo de Santa Ana puede salir a la luz en la entrevista?
Puede, así que conviene revisarlo con un abogado antes de esa cita, no después de que USCIS haga una pregunta sobre él. Comparar la condena antigua con los requisitos exactos de la solicitud ayuda a evitar sorpresas el día de la entrevista.
Hable hoy con un abogado de inmigración en Santa Ana
En un caso ligado a Santa Ana, el lado penal y el lado de inmigración rara vez comparten el mismo plazo. La oficina del despacho en Santa Ana está en 1851 East 1st Street, Suite 900, Santa Ana, CA 92705, teléfono (714) 881-5448; también puede llamar al (800) 755-5174, disponible 24/7. El despacho ofrece una consulta gratuita y planes de pago. Se habla español. Pregunte si un abogado o un miembro del personal puede atenderle en español. Use el formulario de consulta para hablar hoy mismo sobre su caso.